Del dragado a la tala y la excavación

Freddy Pacheco, PhD

Biólogo

Así como NO podemos hablar de “conflicto limítrofe” sino más bien de la ocupación del territorio nacional por parte de soldados de un Estado extranjero, la preocupación original sobre el impacto ambiental que pudiere tener el proyecto de dragar (limpiar de sedimentos el cauce del río San Juan) ha dado lugar a un proyecto altamente destructivo que conlleva la tala de una vasta área (unas 6 hectáreas) para dar paso a la EXCAVACIÓN de un canal artificial que supuestamente serviría para desviar POR ese territorio costarricense la mayor parte del caudal del río hasta la ribera de la laguna salobre de Los Portillos.

Excavación que se haría en territorio perteneciente a la provincia de Limón donde se encuentra el Área de Conservación Tortuguero, de suma importancia para la protección de la rica biodiversidad presente en el Parque Nacional Tortuguero, el Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, el Corredor Fronterizo, los Acuíferos Guácimo Pococí, la Zona Protectora Tortuguero y el Refugio Privado de Vida Silvestre Archie Carr. Zonas en que predominan los ecosistemas de humedal también protegidos por convenios internacionales, en vista de su importancia como áreas de alta productividad primaria y que, ante las amenazas inherentes al cambio climático, juegan un papel trascendental en la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

No menos importante es el papel de ecosistemas protectores del agua, de reguladores del ciclo hidrológico y mitigadores de procesos erosivos, por lo que aunque es reconocida la conservación de la diversidad biológica, donde destacan las aves migratorias, son invaluables los beneficios ambientales de ese conjunto de áreas silvestres.

Si a lo anterior le agregamos el potencial turístico que encierra la belleza escénica del lugar, incluyendo la muy valorada actividad de pesca marina deportiva, hemos de tener conciencia que estamos ante un área costarricense a la que, si se le presta la atención debida, podría ser asiento de un proceso de progreso sostenible hasta ahora subvalorado. Por ello, aunque es de primordial importancia recuperar el respeto a nuestra soberanía en todo territorio ubicado más allá de la margen derecha del río San Juan, según lo establecido en el Tratado de Límites Cañas – Jerez de 1858, y los laudos que se dieron a fines del siglo XIX que lo validaron, Costa Rica ha de elevar su voz hacia la comunidad internacional para que se conozca la magnitud del daño ambiental que fuerzas extranjeras están provocando en esa pequeña, pero importante, parte del planeta.

LA CANCILLERÍA Y LA REPRESA EN EL RÍO SAN JUAN

Dr. Freddy Pacheco León
Catedrático Universidad Nacional

Ratificado por la República de Nicaragua el 16 de noviembre de 1995, el Convenio Sobre la Diversidad Biológica establece el deber de establecer “procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación de impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos…”, y el deber de asegurar “que se tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica”.

Freddy Pacheco León

Asimismo, dicho Convenio determina la obligación de notificar “inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños”. Y agrega: “La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización por daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestión puramente interna”.

Así, la señora presidenta Violeta Chamorro firmó el decreto Nº 56-95 con que el Estado nicaragüense ratificó el citado Convenio Internacional, tomando en consideración los objetivos universales de “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”.

Sumado a lo anterior, el Laudo Cleveland del 22 de marzo de 1888, en referencia a los derechos de libre navegación que tiene Costa Rica en parte del río San Juan, establece (¡y así fue aceptado por los representantes de los dos Estados!) que “Estos derechos deben considerarse perjudicados en cualquier caso en que se ocupe o inunde el territorio perteneciente a la República de Costa Rica, o cuando haya intrusión en cualquiera de dichos puertos, dañosa a Costa Rica o cuando haya tal obstrucción o desviación del Río San Juan que se destruya, o seriamente deteriore la navegación de dicho Río o cualquiera de sus brazos en cualquier punto donde Costa Rica tenga derecho a navegar en el mismo”.

Lejos de pretender ser jurista, hacemos estas necesarias observaciones como un recordatorio a las autoridades de la Cancillería costarricense que alegan haber estado en la Luna mientras en Nicaragua se discutía públicamente, desde hace años, un proyecto de $600 millones que bloquearía el flujo del río San Juan cerca del Lago de Nicaragua, convirtiéndolo por decenas de kilómetros en una quebrada embarrialada. Tan grande como la represa de 400 metros de cresta que dicen construiría una empresa privada brasileña para derivar hacia el océano Pacífico un caudal estimado de 500 metros cúbicos por segundo, es la ignorancia que se esmeran en exhibir algunos de nuestros gobernantes. Por ello, les invitamos a cumplir con su deber y hacer la tarea que demanda las circunstancias.

UNA REPRESA EN EL RÍO SAN JUAN

  Dr. Freddy Pacheco

Catedrático UNA

 Cual si se tratare de una quebrada intermitente, de esas que solo aparecen en épocas lluviosas, o un río del interior sin importancia ambiental y geopolítica, de los que a veces se dispone sin tomar en cuenta especiales consideraciones de carácter social o ecológica, las autoridades diplomáticas costarricenses guardaron silencio y demostraron extraño inmovilismo ante la noticia de que Nicaragua tenía en proyecto la construcción de una represa en el cauce del río San Juan.

Ahora, un año y medio después de esa información, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha anunciado que planea tener terminado en cuatro años el llamado Proyecto Hidroeléctrico Brito con una inversión de $600 millones, que “contempla la construcción de una presa sobre el río San Juan antes del Castillo llamada Presa San Isidro y otra sobre el río Brito llamada Miramar, usando como embalse de regulación el lago de Nicaragua”.    

Represa de 400 METROS DE CRESTA  y 10 metros de altura que al impedir el curso del agua proveniente del lago de Nicaragua hacia el mar Caribe, derivaría unos 500 metros cúbicos por segundo de caudal HACIA EL OCÉANO PACÍFICO a través del istmo de Rivas. Proyecto que, según el alcalde de El Castillo, no encaja con el desarrollo turístico, y que por encima de las “cosas bonitas” que dicen los empresarios, como la construcción de escaleras para que pasen los peces y el traslado de los barcos de un lado a otro de la presa, al final ellos, los habitantes, van a ser las víctimas.

Según el gobierno del presidente Ortega, la producción energética será de 250 MW, permitirá además el desarrollo del riego en un área de 12.000 hectáreas y mejorará la navegación en parte del río San Juan y el lago de Nicaragua, para lo cual ya se está trabajando con la empresa brasileña Andrade Gutiérrez.

Ante la licencia otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) al consorcio privado para la realización de los estudios de factibilidad, algunos ciudadanos nicaragüenses cuestionan que los cálculos del caudal se realizaron hace 35 años, antes de que se diera la alta tasa de deforestación de 77.000 hectáreas de bosque por año que sufre Nicaragua, que ha modificado sustancialmente el régimen hídrico. Además de que, río abajo de la represa, “el hilo de agua” remanente solo podría recuperar su caudal útil unos 30 kilómetros río abajo… “hasta recibir las aguas de los grandes ríos costarricenses Sarapiquí y San Carlos”. www.redlar.org/noticias/2010/9/27/Noticias/Cientifico-advierte-sobre-letalidad-del-megaproyecto-hidroelectrico-Brito/

Aunque la mayor preocupación del gobierno nicaragüense parece dirigida hacia la constitución de una sociedad de inversionistas, donde el Estado sólo tendría un 10% de participación, no se pueden obviar los aspectos ambientales como aquellos impactos que eventualmente podrían darse sobre las riberas del río San Juan. Por ejemplo, el impacto ambiental que tendría ese tapón de concreto sobre el flujo del río San Juan en su camino hacia la desembocadura en el mar Caribe.

Y como la delimitación de buena parte de Costa Rica con Nicaragua, está señalada por los mojones ubicados a lo largo de la margen derecha del río, le recordamos a nuestras autoridades que es un asunto que compete a ambos Estados, por  lo que esperamos una gestión oportuna y firme de nuestro gobierno… antes de que sea aún más tarde.